La Consejería de Educación anuncia que no pagará las vacaciones a los interinos. La Generalitat extiende las medidas de ahorro a los centros sostenidos con fondos públicos.
El País | Valencia | 18 ABR 2012
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha
anunciado su rotunda oposición a la pretensión de la Consejería de
Educación de dejar de pagar a los profesores interinos de la enseñanza
concertada y de dejar de pagar las compensaciones hasta el 100% del
salario para cubrir todas las bajas por enfermedad. Los representantes
sindicales de los docentes de la enseñanza concertada y las patronales
del sector mantuvieron un encuentro el martes en la Consejería de
Educación y fueron informados de que algunos recortes aprobados por
decreto del Consell a principios de año se extenderán a los trabajadores
de la enseñanza concertada.
La FSIE recuerda que "los trabajadores que tengan contratos de
interinidad tienen contrato en vigor en tanto el trabajador al que están
sustituyendo no se incorpore a su puesto de trabajo y la ampliación del
complemento en las bajas laborales es un derecho recogido en el
convenio colectivo del sector". A partir de tales consideraciones,
expresa que se opone de "manera drástica y rotunda"; anuncia que
ejercerá todas las medidas a su alcance para evitar que se vulneren los
derechos de los trabajadores; y tira un cable a la patronal del sector,
al explicar que "no es una solución adecuada revertir a las empresas los
costes que se puedan generar derivados de esas cuestiones porque supone
pasarle la pelota a la otra parte implicada en los conciertos
educativos".
El Stepv-Intersindical Valenciana se suma a las protestas del FSIE y
considera que la pretensión de la Consejería de Educación constituye
"un ataque a todos los trabajadores del sector de concertada". El
sindicato también señala que "las patronales no están dispuestas a
asumir ningún gasto de obligatorio cumplimiento por parte de la
consejería y sólo dejan dos opciones: despedir, lo que derivaría en un
despido improcedente y una posible indemnización que tendría que asumir
la empresa, o continuar con el personal en plantilla sin pagarle lo que
legalmente le corresponde, que desgraciadamente, comportará a miles de
reclamaciones de cantidad en contra de la administración, agravando la
situación que ya sufrimos desde hace más de tres años con las pagas de
antigüedad".
Fuente: El País.
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