Estado de excepción en Cataluña

Por Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana.

  

El Tribunal Superior de Justica de Cataluña (TSJC) se ha pronunciado respecto a la ejecución de cinco sentencias del Tribunal Supremo por las que ordenaba a la Generalidad a ‘adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán’.

  

El pronunciamiento del TSJC se puede sintetizar del siguiente modo: el poder político autonómico puede mantener impunemente el sistema de inmersión lingüística que significa la exclusión del castellano como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña, siempre y cuando los padres no emprendan uno por uno un proceso judicial individual para que el Tribunal Supremo les reconozca el derecho a que sus hijos reciban una enseñanza bilingüe.

  

Con esta decisión el TSJC enmienda de manera inusitada la plana al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional que se han pronunciado taxativamente afirmando que ‘el sistema de inmersión lingüística es contrario al espíritu y la letra de la Constitución’. De esta forma el TSJC avala de manera aberrante la vulneración de un derecho constitucional fundamental siempre y cuando la víctima de tal violación no lo denuncie y emprenda acciones judiciales. Lo que equivale a declarar la independencia judicial de Cataluña que con tanto ahínco han perseguido los nacionalistas desde siempre.

  

Con esta decisión, a partir de ahora, se instituye en Cataluña un Estado de excepción en el que no existen derechos fundamentales individuales… si no los ampara tras un largo proceso judicial el Tribunal Supremo de la nación, España. Lo que equivale a la restauración de los viejos privilegios feudales, incluido el viejo derecho de abuso y maltrato medieval del que disfrutaban los señores feudales en Cataluña.

  

Convivencia Cívica Catalana espera que el Tribunal Supremo de la nación restaure de inmediato el imperio de la ley en Cataluña y no permita que impere un Estado de excepción en el que los ciudadanos se conviertan en súbditos para los que los derechos fundamentales son graciables: siempre que el poder político tenga a bien concedérselos. Lo contrario de una democracia constitucional, el régimen que en los albores de las democracias occidentales decía uno de sus padres, el abate Sieyès, que sólo existían si se garantizaba la vigencia efectiva por encima de todo de los derechos y libertades individuales y la separación de poderes, fundamentalmente la independencia judicial. El poder judicial está obligado en todo caso y en la presente circunstancia a preservar nuestra democracia constitucional.

  

Fuente: La Voz de Barcelona.