Por Cartas a Wert.
Estimado Ministro:
la transferencia de las competencias educativas a las comunidades
autónomas ha generado y genera muchas dificultades para un Ministerio
que tiene por objetivo mejorar la educación en todo el Estado.
Sin entrar en los orígenes e intereses que motivaron dichas
transferencias, nadie mejor que usted puede constatar la dificultad de
comandar una flota que marcha a la deriva obedeciendo solo a sus
intereses particulares. Tanto es así que hace tiempo se vienen alzando
voces reclamando la reversión al Estado de las competencias en materia
educativa.
No quiero entrar a valorar esta medida sino hacerme eco de un problema básico que, más allá de constituir un derecho, es un requisito
imprescindible para el éxito de cualquier política educativa en España.
Y me refiero, claro está, a la a utilización del castellano como lengua
vehicular en la enseñanza obligatoria.
Podemos entrar en el debate sobre lenguas
oficiales, cooficiales y mediopensionistas. El hecho es que la
politización de las lenguas tiene una primera consecuencia que no
podemos permitirnos por más tiempo: la imposibilidad real de una
enseñanza obligatoria para cualquier alumno español. Y cuando me refiero
a imposibilidad real lo hago con la seguridad que procura lo obvio.
Para entenderlo basta un ejemplo: en estos tiempos de crisis, un
trabajador murciano desempleado recibe una oferta de trabajo en una
factoría leridana. Si se desplaza allí con toda su familia ¿podrán sus
hijos continuar sus estudios en las mismas condiciones que ahora lo
hacen? La respuesta es evidente: no, de ninguna manera. A la dificultad
propia de sus estudios deben añadir una mucho más grave: la dificultad
para entender y expresar correctamente los contenidos curriculares.
El mismo problema puede presentarse a una familia catalana que no se
exprese en catalán. El caso es que los españoles no tenemos garantizados
el derecho y el deber de educar a nuestros hijos en igualdad de
condiciones en todo el territorio español.
Disponer de una lengua común es patrimonio de cualquier Estado. Pero
si su desarrollo legislativo impide el ejercicio de este instrumento de
comunicación en cualquier lugar del territorio nacional, no solo se está
vulnerando un derecho: se está impidiendo el ejercicio de los deberes
constitucionales.
Cuando la politización del modelo de Estado traba el desarrollo de la
educación, condición para el progreso social, es preciso tomar medidas
radicales y no conformarse con permitir guetos y medidas que
estigmatizan a quien, siendo español, no pretende otra cosa que aprender
en el idioma que entiende.
¿Deben revertirse las competencias en al ámbito educativo al Estado?
No lo sé. De lo que sí estoy seguro es de que no podemos seguir
permitiendo que un vehículo de aprendizaje tan elemental como el
lenguaje siga siendo, de hecho, un obstáculo para lograrlo.
Reciba un cordial saludo.
Fuente: Cartas a Wert.
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