domingo, 18 de marzo de 2012

Estudiar en castellano no es solo un derecho: es una necesidad

Por Cartas a Wert.
  
Estimado Ministro:
  
la transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas ha generado y genera muchas dificultades para un Ministerio que tiene por objetivo mejorar la educación en todo el Estado.
  
Sin entrar en los orígenes e intereses que motivaron dichas transferencias, nadie mejor que usted puede constatar la dificultad de comandar una flota que marcha a la deriva obedeciendo solo a sus intereses particulares. Tanto es así que hace tiempo se vienen alzando voces reclamando la reversión al Estado de las competencias en materia educativa.
  
No quiero entrar a valorar esta medida sino hacerme eco de un problema básico que, más allá de constituir un derecho, es un requisito imprescindible para el éxito de cualquier política educativa en España. Y me refiero, claro está, a la a utilización del castellano como lengua vehicular en la enseñanza obligatoria.
  
Podemos entrar en el debate sobre lenguas oficiales, cooficiales y mediopensionistas. El hecho es que la politización de las lenguas tiene una primera consecuencia que no podemos permitirnos por más tiempo: la imposibilidad real de una enseñanza obligatoria para cualquier alumno español. Y cuando me refiero a imposibilidad real lo hago con la seguridad que procura lo obvio.
  
Para entenderlo basta un ejemplo: en estos tiempos de crisis, un trabajador murciano desempleado recibe una oferta de trabajo en una factoría leridana. Si se desplaza allí con toda su familia ¿podrán sus hijos continuar sus estudios en las mismas condiciones que ahora lo hacen? La respuesta es evidente: no, de ninguna manera. A la dificultad propia de sus estudios deben añadir una mucho más grave: la dificultad para entender y expresar correctamente los contenidos curriculares.
  
El mismo problema puede presentarse a una familia catalana que no se exprese en catalán. El caso es que los españoles no tenemos garantizados el derecho y el deber de educar a nuestros hijos en igualdad de condiciones en todo el territorio español.
  
Disponer de una lengua común es patrimonio de cualquier Estado. Pero si su desarrollo legislativo impide el ejercicio de este instrumento de comunicación en cualquier lugar del territorio nacional, no solo se está vulnerando un  derecho: se está impidiendo el ejercicio de los deberes constitucionales.
  
Cuando la politización del modelo de Estado traba el desarrollo de la educación, condición para el progreso social, es preciso tomar medidas radicales y no conformarse con permitir guetos y medidas que estigmatizan a quien, siendo español, no pretende otra cosa que aprender en el idioma que entiende.
  
¿Deben revertirse las competencias en al ámbito educativo al Estado? No lo sé. De lo que sí estoy seguro es de que no podemos seguir permitiendo que un vehículo de aprendizaje tan elemental como el lenguaje siga siendo, de hecho, un obstáculo para lograrlo.
  
Reciba un cordial saludo.
  
Fuente: Cartas a Wert.

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