Xavier Gisbert, director general del Ministerio, sugiere la eliminación del título de la ESO y asegura que los PCPI seguirán empezando a los 15 años. Escuelas Católicas cree que el cambio de estructura va a provocar un traslado de 43.000 alumnos de la enseñanza privada a la pública, lo que obligará a prescindir de 3.490 profesores con unas indemnizaciones de 278 millones.
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| Un momento de los Coloquios Magisterio en la Universidad Camilo José Cela. (Foto: Jorge Zorrilla) |
Por Magisnet.
El periódico MAGISTERIO organizó el 29 de febrero una mesa redonda sobre
“La reforma de la Secundaria”, dentro del ciclo de coloquios que está
organizando en la Universidad Camilo José Cela (UCJC). Entre los
invitados se encontraban responsables de las administraciones públicas,
así como representantes de la escuela pública y la privada-concertada.
La mesa fue moderada por el director de Magisterio, José Mª de Moya.
El director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), Xavier Gisbert, explicó el cambio de la estructura estableciendo dos bloques: “una Educación Secundaria general de tres años y un Bachillerato o un primer ciclo de Formación Profesional de otros tres años”. “El primer año del segundo bloque sería de orientación hacia el Bachillerato o la FP de Grado Medio, con una fuerte troncalidad común”. Con todo, Gisbert aclaró que “la propuesta concreta surgirá después de debates y de análisis de la situación”.
El director general del Ministerio también sugirió la eliminación del título de la ESO. “Es un tema en discusión, porque si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, España es el único país en el que hay que obtener el Graduado en ESO”. Con respecto a los PCPI, Gisbert aseguró que “está previsto que sigan empezando a los 15 años”.
Para el director general de Política Educativa de la Junta de Castilla y León, Fernando Sánchez-Pascuala, “se demuestra que la Secundaria actual no es útil, ya que debería servir para insertar a los alumnos en la vida académica y laboral, pero la realidad es que deja a más del 30% en la calle, segregándoles”.
Según Sánchez-Pascuala “si no se buscan medidas alternativas, esos jóvenes se convertirán en marginales, ya que de cara al futuro la UE nos dice que solo el 10% va a tener empleo que no requiera cualificación”. También recordó que “el 40% de alumnos los alumnos de Bachillerato repite algún curso de este etapa”. “Es imposible que un porcentaje tan alto de alumnos no sea capaz de superar el Bachillerato; si esto se produce es porque está mal diseñado y excesivamente comprimido”, manifestó.
Para el secretario estatal de ANPE, Javier Carrascal, “es conveniente un año más porque la organización actual de la Prueba de Acceso a la Universidad exige que en 2º de Bachillerato ya no exista práctica lectiva desde la segunda semana del mes de mayo y los profesores somos incapaces de impartir toda la programación establecida con un periodo de tiempo tan escaso”. Sin embargo, Carrascal llamó la atención sobre “el enorme coste que va a suponer esa ampliación de un año, porque habrá que modificar la estructura de todos los centros que actualmente están impartiendo Bachillerato”.
Según José Antonio Poveda, asesor jurídico de Escuelas Católicas, “el cambio de estructura es caro y va a afectar a la enseñanza pública, ya que se va a producir un movimiento de alumnos de la enseñanza privada a la pública”. Concretamente estima que “van a ser 43.000 alumnos, ya que hay 1.600 centros privados de Primaria y Secundaria obligatoria”. Además, en su opinión, “aunque a esos centros se les permitiera impartir 1º de Bachillerato, este curso terminará desapareciendo porque los padres van a llevar a sus hijos donde pueden cursar el Bachillerato desde el principio”. Las consecuencias de las unidades que se pierden en la enseñanza privada suponen, según asegura Poveda, “prescindir de 3.490 profesores con unas indemnizaciones de 278 millones de euros”.
Por eso, el asesor de Escuelas Católicas incidió en que “se pueden conseguir los objetivos de la reforma sin incidir en la estructura”. Y puso como ejemplo la LOCE del PP, que intervenía en 3º de ESO con dos itinerarios marcados y en 4º con 3 itinerarios, o la Ley de Economía Sostenible, (LES) que implantaba las opciones en 4º de la ESO, y de esta forma se evitaría el trasiego de alumnos de un lado para otro y la necesidad de construir instalaciones nuevas en unos centros mientras que se vacían otros”.
Mariano del Castillo, director del Instituto de Técnicas Educativas de la CECE (ITE), consideró que “la enseñanza pública no tiene problemas, ya que no se van a encontrar con dificultades, pero no es el caso de la enseñanza privada, sobre todo los centros de una línea que no tienen Bachillerato”. Del Castillo apostó por hablar de la reforma educativa a nivel global que necesita este país, más que fijar la mirada en el 3 + 3”.
Por su parte, Bárbara Méndez, directora del IES “Profesor Máximo Trueba” de Boadilla del Monte (Madrid), afirmó que “3º de ESO es el peor curso y donde realmente fracasan, derivando a diversificación y a PCPI”. Méndez pidió “reconocer socialmente la FP, ya que todas las familias van a querer que sus hijos estudien Bachillerato”. En su opinión “si solo hablamos de Bachillerato en el 3+3 es que queremos enfocar a todos nuestros alumnos a hacer esta etapa para que lleguen a la universidad”. “Es el error más grave cuando hablamos de la reforma”, apostilló.
El director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), Xavier Gisbert, explicó el cambio de la estructura estableciendo dos bloques: “una Educación Secundaria general de tres años y un Bachillerato o un primer ciclo de Formación Profesional de otros tres años”. “El primer año del segundo bloque sería de orientación hacia el Bachillerato o la FP de Grado Medio, con una fuerte troncalidad común”. Con todo, Gisbert aclaró que “la propuesta concreta surgirá después de debates y de análisis de la situación”.
El director general del Ministerio también sugirió la eliminación del título de la ESO. “Es un tema en discusión, porque si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, España es el único país en el que hay que obtener el Graduado en ESO”. Con respecto a los PCPI, Gisbert aseguró que “está previsto que sigan empezando a los 15 años”.
Para el director general de Política Educativa de la Junta de Castilla y León, Fernando Sánchez-Pascuala, “se demuestra que la Secundaria actual no es útil, ya que debería servir para insertar a los alumnos en la vida académica y laboral, pero la realidad es que deja a más del 30% en la calle, segregándoles”.
Según Sánchez-Pascuala “si no se buscan medidas alternativas, esos jóvenes se convertirán en marginales, ya que de cara al futuro la UE nos dice que solo el 10% va a tener empleo que no requiera cualificación”. También recordó que “el 40% de alumnos los alumnos de Bachillerato repite algún curso de este etapa”. “Es imposible que un porcentaje tan alto de alumnos no sea capaz de superar el Bachillerato; si esto se produce es porque está mal diseñado y excesivamente comprimido”, manifestó.
Para el secretario estatal de ANPE, Javier Carrascal, “es conveniente un año más porque la organización actual de la Prueba de Acceso a la Universidad exige que en 2º de Bachillerato ya no exista práctica lectiva desde la segunda semana del mes de mayo y los profesores somos incapaces de impartir toda la programación establecida con un periodo de tiempo tan escaso”. Sin embargo, Carrascal llamó la atención sobre “el enorme coste que va a suponer esa ampliación de un año, porque habrá que modificar la estructura de todos los centros que actualmente están impartiendo Bachillerato”.
Según José Antonio Poveda, asesor jurídico de Escuelas Católicas, “el cambio de estructura es caro y va a afectar a la enseñanza pública, ya que se va a producir un movimiento de alumnos de la enseñanza privada a la pública”. Concretamente estima que “van a ser 43.000 alumnos, ya que hay 1.600 centros privados de Primaria y Secundaria obligatoria”. Además, en su opinión, “aunque a esos centros se les permitiera impartir 1º de Bachillerato, este curso terminará desapareciendo porque los padres van a llevar a sus hijos donde pueden cursar el Bachillerato desde el principio”. Las consecuencias de las unidades que se pierden en la enseñanza privada suponen, según asegura Poveda, “prescindir de 3.490 profesores con unas indemnizaciones de 278 millones de euros”.
Por eso, el asesor de Escuelas Católicas incidió en que “se pueden conseguir los objetivos de la reforma sin incidir en la estructura”. Y puso como ejemplo la LOCE del PP, que intervenía en 3º de ESO con dos itinerarios marcados y en 4º con 3 itinerarios, o la Ley de Economía Sostenible, (LES) que implantaba las opciones en 4º de la ESO, y de esta forma se evitaría el trasiego de alumnos de un lado para otro y la necesidad de construir instalaciones nuevas en unos centros mientras que se vacían otros”.
Mariano del Castillo, director del Instituto de Técnicas Educativas de la CECE (ITE), consideró que “la enseñanza pública no tiene problemas, ya que no se van a encontrar con dificultades, pero no es el caso de la enseñanza privada, sobre todo los centros de una línea que no tienen Bachillerato”. Del Castillo apostó por hablar de la reforma educativa a nivel global que necesita este país, más que fijar la mirada en el 3 + 3”.
Por su parte, Bárbara Méndez, directora del IES “Profesor Máximo Trueba” de Boadilla del Monte (Madrid), afirmó que “3º de ESO es el peor curso y donde realmente fracasan, derivando a diversificación y a PCPI”. Méndez pidió “reconocer socialmente la FP, ya que todas las familias van a querer que sus hijos estudien Bachillerato”. En su opinión “si solo hablamos de Bachillerato en el 3+3 es que queremos enfocar a todos nuestros alumnos a hacer esta etapa para que lleguen a la universidad”. “Es el error más grave cuando hablamos de la reforma”, apostilló.
Fuente: Magisnet.
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