Por Objetores.org.
Y, si es verdad lo que afirma El Confidencial Digital, intuyo que tiene buena pinta.
Dejando a un lado la legítima discusión sobre la conveniencia de eliminr Educación para la Ciudadanía
o sustituirla por otra asignatura, dado que el gobierno ha apostado por
esta segunda posibilidad, y basándome en las escuetas informaciones
publicadas, me ha parecido intuir algunas consideraciones que denotarían
un correcto enfoque de la nueva asignatura:
- El cambio del nombre no es baladí: educar para la Ciudadanía denota un intento de modificación de conductas necesario para alcanzar la condición de ciudadano. No es el lugar para profundizar en los fundamentos de esta denominación: baste señalar que, de por sí, añade una sesgo ideológico. Por el contrario, Educación Cívica y Constitucional enuncia una materia como cualquier otra, sin expresión nominal de ninguna finalidad. Entra dentro de lo que supone la instrucción: tener un conocimiento sobre determinadas materias.
- La inminencia de su impartición (al comienzo del próximo curso) denota una consideración realista de la gravedad del problema.
- La reducción de horas lectivas –homologable a los países de nuestro entorno– es la obligada consecuencia de la limitación de su temario a la explicación del 'articulado de la Constitución y las propiedades del sistema jurídico español' dejando fuera del currículum toda una retahíla de temáticas que no solo son controvertidas, sino que poco o nada tienen que ver con una educación ciudadana.
- La recuperación de la asignatura de Filosofía que se verá liberada de los contenidos de Educación para la Ciudadanía insertos actualmente en ella. Con esta medida no solo se pretende prevenir el adoctrinamiento, sino favorecer el aprendizaje, escaso ya de por sí, de la filosofía.
Habrá que verificar el contenido real de estas medidas y las
venideras. Unos aspectos nos gustarán más que otros porque la solución
de un problema complejo no suele ser simple y la desconfianza o la
confianza en el ministerio es libre. Eso sí: conviene no dejarse llevar
por los aspectos emocionales y seguir pegados a la realidad de los
hechos para valorar certeramente si se resuelve o no la injusta
intromisión del Estado en los derechos educativos de las familias.
Fuente: Objetores.org.
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