El futuro del sistema escolar

Las medidas anunciadas por el nuevo ministro de Educación y otras posibles. 

  

Por Silvino Lantero Vallina. 

  

El ministro de Educación ha anunciado algunas medidas para mejorar el sistema escolar en España. La primera de ellas, supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía, es una buena noticia. Si bien todo el currículo educativo español está inundado de ideología socialista y de género, en esta asignatura obligatoria aparecían con bastante nitidez los principios disolventes de la nueva izquierda que se inculcan en mayor o menor grado a los niños españoles desde temprana edad. Sobre la nueva asignatura Educación Cívica hay que esperar para ver cómo se concreta. En mi opinión, en las etapas de educación primaria y secundaria, los contenidos de esta materia podrían integrarse en estrecha conexión con la Geografía y la Historia. En cuanto a la Constitución Española de 1978, actualmente está prácticamente derogada por los estatutos de autonomía y la escasa independencia de jueces y magistrados. Por tanto, lo primero que debería hacer el Gobierno y otras instituciones es reformarla y asegurar su cumplimiento.
 
Deseo expresar mi reconocimiento y admiración a los objetores de la Educación para la Ciudadanía y a las organizaciones que los apoyaron. Han sido unos héroes en la lucha por la libertad. Se les puede aplicar aquella famosa frase de Churchil: «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos». El Tribunal Supremo no ha cumplido, en este caso, su deber de protección de la libertad de los débiles frente a la tiranía de los poderosos.
 
Sobre otros puntos de la intervención del ministro, don José Ignacio Wert, en el Congreso de los Diputados habrá que ver cómo se desarrollan. Ampliar el Bachillerato a tres años e iniciar la Formación Profesional a los quince es positivo. Mejor serían cuatro años de Bachillerato.
 
También es buena noticia el propósito de dotar de autoridad legal a los profesores aunque en el campo de la disciplina el problema es de tal magnitud que no es sólo cuestión de legislar.
 

Un ambiente de orden y disciplina donde impere el principio de autoridad docente es un factor clave. Pero el problema de la acción de enseñar se ha agudizado con el triunfo de una pedagogía que ha degradado al profesor a un animador que no debe exigir y más bien atender, soportar o impulsar el reino de los caprichos juveniles e infantiles. Las escuelas se han convertido, en bastantes casos, en «mamás osos». Este término lo acuñó en un libro de éxito en USA la profesora de Derecho en Yale, Amy Chua, hija de emigrantes chinos, que critica a las madres occidentales –y por extensión a padres, psicopedagogos y maestros– el contemporizar y consentir los vicios como la pereza, los caprichos, la crueldad con los profesores, hedonismo, etcétera.  
Las pruebas externas a que alude el Ministro –tipo PISA– ya están contempladas en la ley socialista vigente. Pienso que sería mejor hacer unas pruebas de contraste a final de Primaria con efectos en la calificación académica y en los rangos de las escuelas. También deberían existir pruebas de evaluación de las materias troncales al final de la ESO. Abogo por una Reválida exigente para obtener el título de Bachillerato y como condición previa de acceso a la universidad.
 
Debería afrontarse el gravísimo problema de la comprensividad que llega hasta los 16 años para optar por un sistema diferenciado a partir de los 12 años.
 
Se debe recuperar la enseñanza y estudio de la Historia, Geografía y Literatura española. No convendría privar a las nuevas generaciones del conocimiento del hecho religioso cristiano, eje de la historia y la cultura y fundamento del «ethos» occidental.
 
Queda pendiente el inadmisible problema de que alumnos españoles no puedan estudiar en su idioma materno principalmente en Cataluña y País Vasco. En este punto el Gobierno debería hacer cumplir lo establecido en el artículo tres de la Constitución Española.
 
La libertad de elección de centro y estilos educativos también se verá dificultada si no se hacen reformas estructurales. Se precisa un cambio de modelo de ordenación de la red de centros. No son las administraciones quien debe decidir el aumento o disminución de unidades sostenidas con fondos públicos sino los padres. Se puede lograr que la totalidad de las familias escolaricen a sus hijos donde deseen de una manera muy sencilla: los centros y aulas sin demanda se cerrarán y se crearán nuevas aulas-unidades e incluso centros en las ofertas más demandadas sea quien sea el titular. Además se debe acabar con el castigo a los padres que envían a sus hijos a centros de financiación privada mediante el cheque o desgravación en una cantidad como mínimo equivalente al coste de un puesto escolar similar en las escuelas concertadas.
 
Los problemas de calidad no se solucionan con más gastos. El lema que debería lanzar el Gobierno sería: «Más eficacia y menos gasto». Aquí, en Asturias, el coste del puesto escolar de gestión directa del Gobierno del Principado se sitúa en torno a los 8.000 euros de media, cifra que duplica el coste en la concertada y superior a la del conjunto de los países miembros de la OCDE situada en 6.000 euros. (Véase LA NUEVA ESPAÑA 24/01/2012 y Education at Glance-OCDE).
   

Fuente: La Nueva España.