La norma fue pionera en España y ha conseguido reducir en un 50% las agresiones contra el profesorado.
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| Sarrión (PSPV), Ferri (Compromís), Alarte (PSPV), Ordóñez (Faavem), Sanz (EU) y López (EU), tras la firma del manifiesto | LP |
03.03.12 - J. BATISTA | VALENCIA
La oposición en bloque -PSPV, Compromís y EU- ha suscrito
un manifiesto elaborado por la Federación Valenciana de Estudiantes
(Faavem), la entidad que más protagonismo adquirió durante las protestas
estudiantiles que derivaron en altercados y cargas policiales, con un
balance de 42 personas detenidas, la mayoría jóvenes.
Aunque algunos de los puntos que defiende la entidad son
reivindicaciones compartidas por los partidos firmantes, como la
necesidad de una «escuela pública, laica y de calidad», otros
planteamientos resultan más peliagudos si se leen con detenimiento. Es
lo que sucede con el noveno enunciado, que exige la retirada de la ley
de Autoridad del Profesorado al considerarla «injusta». En el documento,
se apuesta «por instruir a los docentes en la educación metodológica y
dinámica para conseguir una horizontalidad entre profesores y alumnos».
De esta forma, la oposición asume una exigencia contra
una normativa reclamada por el propio colectivo docente para facilitar
su trabajo en las aulas. Fue una ley pionera en España que con
posterioridad han adaptado otras comunidades autónomas y se desprende de
la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, aprobada por el Gobierno
socialista.
La norma dice que el personal docente tendrá la
«condición de autoridad» y gozará «de la protección reconocida por el
ordenamiento jurídico». Esto se traduce, por ejemplo, en la presunción
de veracidad «en el ejercicio de sus competencias correctoras o
disciplinarias» respecto a los hechos que hayan constatado
personalmente. En otras palabras, prevalece su palabra, como sucede con
un policía, en relación a situaciones violentas, de acoso o de
desobediencia.
La ley también garantiza «la adecuada defensa jurídica y protección en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional» en casos de agresiones y amenazas. La Comunitat fue una de las primeras autonomías en desarrollar una normativa de este tipo, que se aprobó en Les Corts en 2010 con los únicos votos favorables del PP.
La medida ha sido efectiva. Al menos así lo dicen los
sindicatos educativos. Para Anpe, que gestiona un teléfono de asistencia
para los docentes que sufren problemas y vejaciones, leyes como esta
están detrás de la reducción de los casos que se registran en las aulas
valencianas y que son comunicados al sindicato, tal y como se explicó
durante la presentación del último balance de esta herramienta, llamada
el Defensor del Profesor. Durante el curso pasado (2010-2011), el número
de contactos cayó a la mitad en la Comunitat, con un descenso
especialmente alto en las consultas provenientes de institutos.
El segundo punto del manifiesto también ha resultado
polémico. No tanto por su arranque, que aboga por aumentar los
presupuestos y evitar retrasos en los pagos a los colegios, sino por la
conclusión, pues se propone incrementar los recursos «eliminando las
subvenciones públicas a escuelas concertadas o sumarlas al sistema
público de enseñanza».
Lógicamente entre las patronales que agrupan a la mayoría
de colegios concertados de la Comunitat no sentó bien el apoyo político
a este planteamiento, especialmente el del PSPV. Desde la Federación de
Centros de Enseñanza (Feceval), tildaron el posicionamiento socialista
de «sinsentido», al recordar que todas las leyes educativas impulsadas
por el PSOE (LOE, Logse y Lode) defienden un sistema de enseñanza dual
donde se garantice la libertad de elección de centro. «Ha sido una
cuestión de oportunismo político», añadieron desde la Federación.
También reaccionó Escuelas Católicas de la Comunitat.
Durante unas jornadas pastorales celebradas en Alicante se recordó que
la existencia de la escuela concertada responde a una demanda social.
Al día siguiente de la firma del documento el secretario
general del PSPV, Jorge Alarte, matizó levemente su postura, al asegurar
que había que respetar la necesidad de algunos conciertos con carácter
subsidiario, como por ejemplo, durante las obras de construcción de un
colegio público.
El manifiesto de Faavem incluye otras peticiones, como la
gratuidad del material escolar, transporte y comedor, que se aumente la
participación estudiantil, que las prácticas de Formación Profesional
sean remuneradas y que las becas se rijan por criterios económicos.
Fuente: Las Provincias.
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